Adopcion de parejas homosexuales en colombia corte constitucional

Alto tribunal consolidó derecho de homosexuales a adoptar si en la pareja está el padre biológico.

Así que, o bien el legislador debía extender a estas uniones el matrimonio, o bien debía crear una institución ad hoc que confiriese a las uniones homosexuales derechos próximos a los derivados del matrimonio. Posteriormente, una nueva decisión de la Corte puso punto final a la discusión sobre el matrimonio homosexual. En esta decisión la Corte consideró el actuar de los notarios como discriminatorio de las parejas del mismo sexo y los obligó por lo tanto a unir a las parejas por medio del vínculo del matrimonio.

La ratio decidendi de la sentencia resulta obligatoria para todos los jueces y notarios, de manera que ninguno de estos funcionarios puede negarse a unir en matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Por lo tanto, la Corte ordenó la transcripción respectiva. Es interesante señalar que la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el curso del proceso, refirió a la Corte que en cumplimiento del fallo del Tribunal de Medellín ya había procedido a adecuar el formulario de registro sobre el estado civil, permitiendo la inscripción en las casillas "padre" y "madre" aun de personas del mismo sexo. En materia de Stepchild Adoption se señalan dos casos.

La norma en particular, al establecer los requisitos de los adoptantes, disponía que pudieran iniciar el proceso de adopción: personas solteras, viudas o separadas, los cónyuges hay que especificar que en la época de la aprobación de la ley este concepto podía referirse sólo a una pareja de esposos heterosexuales , así como las uniones maritales de hecho que hubieran cohabitado ininterrumpidamente al menos por dos años que en la época de aprobación de la ley sólo podía entenderse como una unión heterosexual.

Se acudió a la Corte, de acuerdo con el numeral 4 del artículo de la Constitución, en ejercicio de dos acciones de inconstitucionalidad, luego acumuladas, instauradas por ciudadanos que alegaban la inconstitucionalidad de la norma. En particular, en el primer recurso se acusaba lo dispuesto en el citado artículo 68 y en el artículo 1 de la Ley 54 de , que tuvo la precaución de definir en términos necesariamente heterosexuales las uniones conyugales de hecho. Los demandantes, miembros de la Clínica Jurídica del Instituto de Teoría General del Derecho de la Universidad de Medellín, señalaron como violados los artículos 13, 42 y 44 de la Constitución de Colombia, así como los artículos 2 y 3.

En efecto, de la lectura de las normas acusadas resultaba la imposibilidad de la adopción para las uniones homosexuales.

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Los demandantes no sólo consideraron que no había ninguna razón objetiva para excluir a las uniones maritales de parejas homosexuales el acceso a la adopción, sino también que la exclusión para ellas de tal figura jurídica perjudica el derecho mismo de los menores abandonados a tener una familia al reducir el universo de las posibles familias adoptantes, socavando así su derecho fundamental a tener una familia.

La Corte Constitucional, después de haber rechazado solicitudes de recusación formuladas por parte del Procurador General de la Nación contra dos de sus magistrados, dio curso a las acciones. La motivación de la decisión tomada por la Corte parte de un informe del Ministerio de Salud. Por el contrario, la orientación sexual de los padres es indiferente para el desarrollo cognitivo y social de los menores e incluso, en muchos casos, como en la adopción de menores de alto riesgo, esta forma de adopción puede contribuir a su bienestar. El Procurador General de la Nación, al formular sus observaciones, no negaba la inexistencia de riesgos hipotéticos, pero pedía el rechazo de las demandas sobre la base del consolidado concepto de familia como institución fundamental de la sociedad.

El Defensor del Pueblo apoyó la demanda. El ICBF, por el contrario, se opuso en consideración a la notable diferencia entre las uniones maritales homosexuales y las heterosexuales. Intervinieron en el estudio del caso seis facultades de derecho de diversas universidades, las cuales, con excepción de la de una universidad católica, adherían a la posición de las demandas.

Igualmente participaron en el estudio varias asociaciones, todas ellas presentando un concepto favorable a la aceptación de la petición de inconstitucionalidad. El Procurador General, en cambio, concluyó que la petición de inconstitucionalidad debía ser desestimada.

Se recuerda que la Corte en aquella ocasión declaró como inconstitucionales las normas que impedían a las uniones maritales formadas por personas del mismo sexo la adopción del hijo de la pareja, pero no las normas que exigían la adopción conjunta de un hijo que no fuese hijo biológico de uno de ambos.

Corte Constitucional de Colombia da espaldarazo final al matrimonio homosexual

La Corte resuelve la aparente contradicción haciendo un llamado a sus principios en materia de cosa juzgada constitucional. La Corte Constitucional de Colombia, en virtud del principio de separación de poderes, como se establece en el articulado de la Constitución, declara la inexequibilidad ineficacia de las normas que contravengan la Constitución. En el caso bajo examen de la decisión que se comenta, la Corte precisa que no aborda la cuestión de constitucionalidad de la norma que impide la adopción conjunta a las personas homosexuales bajo la perspectiva de la discriminación de la pareja de personas homosexuales, sino que la examina bajo el perfil del principio del interés superior del menor.

Esto aparece consagrado por el artículo 3 numeral 11 de la Declaración y constituye no sólo un derecho subjetivo de cada menor, sino también una regla procedimental y un canon fundamental de interpretación de las normas vigentes. En este punto, conviene tener en cuenta el artículo 44 de la Constitución de Colombia, que enuncia como derechos fundamentales de los niños el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, al nombre y a la ciudadanía, a tener una familia, a no ser separados de ella, al cuidado, al amor, a la educación, a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de sus opiniones.

En este marco, las autoridades de Colombia tienen la obligación de mitigar las condiciones en que se encuentre el titular de un derecho constitucional al momento de tomar una decisión en orden al derecho mismo. Ahora, tanto el artículo 44 de la Constitución como la Declaración sobre los Derechos del Niño consagran el derecho fundamental de los menores a tener una familia y a no ser separados de ella.

El Estado tiene el preciso deber de intervenir en caso de riesgo o de abandono del menor por parte de la propia familia, y al mismo tiempo de proteger los vínculos familiares ya consolidados. La adopción es una de las medidas con las cuales el Estado asegura el derecho del menor a una familia.

Ello para suplir las relaciones de filiación que nunca se constituyeron o que han dejado de existir, por ejemplo, por la muerte o la total incapacidad de los padres. Principio fundamental de la adopción es también aquí el interés superior del menor, por lo que la adopción sirve para dar una familia a un niño y no para dar un niño a una familia. Este derecho puede realizarse en el seno de cualquier tipo de familia protegida por la Constitución, tanto en aquellas familias constituidas por vínculos jurídicos como en las de hecho.

En este punto la Corte realiza una profunda digresión examinando el derecho comparado, particularmente la circunstancia de que gran parte de los países europeos, de Norteamérica y de Oceanía reconocen alguna forma de adopción por parte de parejas del mismo sexo, ya sea de manera conjunta o como adopción del hijastro. Así, en el contexto latinoamericano, ejemplos de legislación que permiten este tipo de adopción se encuentran en México, Argentina, Uruguay y Brasil.

La Corte recuerda el papel fundamental desempeñado por la jurisprudencia y por los numerosos cuerpos legislativos. Lo que realmente importa es la capacidad de la pareja para hacerse cargo del cuidado del menor que necesita ser acogido en ella. Después de la separación había obtenido la custodia de estas, pero después de que su nueva compañera comenzara a convivir con ella y con las menores, las autoridades judiciales de ese país, a instancia del padre, le habían retirado la custodia, por orden, no de los jueces de instancia, sino de la propia Corte Suprema de Justicia, que motivó su decisión en el potencial perjuicio que las niñas podrían sufrir en razón de su convivencia con una madre homosexual, y del -por la Corte considerado- egocentrismo de la madre, consistente en haber dado inicio a una nueva convivencia, homosexual, en el mismo hogar familiar en el que cuidaba de sus hijas, no sin mencionar el perjuicio sufrido por las menores por el hecho de no vivir en una familia tradicional.

La CIDH declaró la responsabilidad del Estado chileno por haber perjudicado la vida privada de la demandante y de sus hijas en razón de un acto discriminatorio, declarando que no podían ser admisibles inferencias, presunciones, estereotipos y consideraciones generales sobre las características personales de los padres o sus preferencias culturales respecto a algunos conceptos tradicionales de la familia, y que el interés superior del menor no puede ser utilizado para fundamentar una discriminación contra la madre o el padre en razón de la orientación sexual de alguno de ellos.

En general, la orientación sexual resulta irrelevante para la formación de vínculos afectivos de los menores con sus padres y no perjudica el desarrollo de los menores en función de su género, tanto en lo que respecta a la propia percepción de sí mismo, como hombre o como mujer, como en cuanto al rol de género y a su propia orientación sexual.

La batalla ideológica en la demanda contra la definición de familia

En el caso E. En el caso Gas et Dubois contra Francia, la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo se mantuvo en la idea de que, en el concepto de familia como protegido por el artículo 8 CEDH, se encuadra perfectamente también la familia constituida por una pareja homosexual, y que toda limitación a los derechos de las parejas de esta naturaleza tiene que estar debidamente motivada y justificada por el Estado miembro que la hubiere realizado, debiendo este indicar también el objetivo que procuraba perseguir con tal limitación; así las cosas, la carga de la prueba corresponde exclusivamente al Estado.

En Estados Unidos, en cambio, todos los Estados permiten la adopción de la persona no casada sin que sea relevante la orientación sexual de la misma; en veinticuatro estados de la Federación y en el Distrito de Columbia también se permite la adopción posterior, es decir, la adopción del hijo biológico o adoptivo del propio compañero o compañera; en veintitrés estados y en el Distrito de Columbia también pueden las parejas homosexuales recurrir a la adopción conjunta.

Corte Constitucional de Colombia le dice "no" a la adopción por parte de parejas homosexuales

La Corte recuerda el caso Evan, decidido por una corte del Estado de Nueva York, que en concedió la Stepchild Adoption a la compañera de la madre biológica de un niño de seis años. La Corte de Nueva York afirmó que la proporción de hijas lesbianas no varía en función de la orientación sexual de las madres y que no hay diferencias significativas entre los hijos de madres lesbianas y los de madres heterosexuales; todo ello de la mano de estudios científicos. En el caso de la adopción de Caitlin, otra corte del Estado de Nueva York destacó la ausencia de preclusiones legales a la adopción por parte de un progenitor homosexual, citando aquí también estudios científicos prestigiosos e independientes que niegan perjuicios para los hijos que cohabitan con padres homosexuales.


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  2. El matrimonio de parejas del mismo sexo y la Corte Constitucional de Colombia?
  3. Adopción de niños por parejas homosexuales en Colombia, por Juan Manuel Charry Urueña.
  4. La Corte Constitucional de Colombia le dio el ‘sí’ al matrimonio igualitario.

Una decisión posterior de la Corte Suprema del Estado de Arkansas, en , anuló una decisión del Comité Ejecutivo de la Agencia para la Prevención del Abuso y el Abandono de la Niñez del mismo estado, la cual prohibía que se diera la custodia de menores a familias donde hubiera personas homosexuales. En las sentencias previas a la C la protección a las pareja [sic] del mismo sexo siempre estuvo circunscrita a la figura de la unión marital de hecho, en cuya presencia solo lograban disfrutar de derechos y deberes con marcado acento patrimonial.


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  • Determinó, entonces, la Corte que:. La Corte Constitucional puso en esta sentencia énfasis en el libre desarrollo de la personalidad y en la expresión libre de la voluntad libre de conformar una familia Muchos interpretaron el fallo como la autorización de la Corte Constitucional a celebrar convenios especiales para dar origen a las relaciones familiares de las parejas de personas del mismo sexo.

    Sin embargo, si se tiene en cuenta que figuras innominadas y atípicas, como los pactos de unión civil o los acuerdos de mera convivencia, solo perpetuarían el déficit de protección identificado por la jurisprudencia constitucional, desde un punto de vista formal y material 22 , no tendrían, por tanto, una finalidad constitucional.

    Derecho del Bienestar Familiar [F_SC_15]

    La Corte considera que interpretar que las parejas del mismo sexo deben realizar un contrato solemne, que no configura un matrimonio civil conduce, entre otros, a los siguientes resultados inadmisibles: i no constitución formalmente de una familia; ii no surgimiento de los deberes de fidelidad y mutuo socorro; iii los contratantes no modifican su estado civil; iv ausencia de una sociedad conyugal; v los contratantes no ingresan en el respectivo orden sucesoral; vi imposibilidad de suscripción de capitulaciones; vii falta de claridad sobre las causales de terminación del vínculo entre los contratantes; viii de llegar a establecer su residencia en otros países, las respectivas autoridades no les brindarían a la unión solemne, la protección legal que tienen los cónyuges, ya que éstas no les reconocen los efectos que tienen en nuestro sistema jurídico; y ix en materia tributaria no se podrían invocar ciertos beneficios por tener cónyuge o compañero permanente.

    De allí que los contratos civiles innominados, o que buscan solemnizar y formalizar las uniones entre parejas del mismo sexo, diferentes al matrimonio civil, no suplen el déficit de protección identificado en la Sentencia C de La Constitución no solo garantiza los derechos a las personas homosexuales, también prohíbe la discriminación por razón de sexo art. La discriminación a las personas homosexuales parte muchas veces de la utilización de categorías que justifican un trato diferente o discriminatorio a estas personas, en razón del sexo u orientación sexual. Históricamente se han afianzado prejuicios en contra de los homosexuales, solamente porque se apartan de la opción sexual de la población mayoritaria.

    Estos prejuicios han impedido ver a los homosexuales como sujetos de derecho, postergando sus necesidades y demandas de igualdad de manera indefinida respecto del resto de la población. La situación tiende a agravar cuando se constata la existencia de mecanismos o barreras, a veces de tipo legal, que impiden a las personas homosexuales acceder a sus derechos, lo que denota usualmente una voluntad de segregar y estigmatizar a estas poblaciones minoritarias, por lo que la diferencia de trato por razón de la orientación sexual resulta sospechosamente discriminatoria Sea que la homosexualidad se considere bien como una forma de ser o como una opción individual, resulta sospechoso de trato discriminatorio, a la luz de la Constitución, dispensar un trato diferente a las personas homosexuales solo por el hecho de ser homosexuales.

    Al respecto, ha dicho la Corte:. En nuestro ordenamiento constitucional, la orientación homosexual, incluso si asumimos que esta es escogida libremente y no determinada biológicamente, no puede constituir un criterio para que la ley restrinja el acceso de la persona a un determinado bien o le imponga una carga, por cuanto las autoridades estarían no solo afectando su libre desarrollo de la personalidad CP art. Para la Corte la idea misma de nociones sospechosas, o potencialmente discriminatorias, y su uso por las autoridades se encuentra en principio prohibida CP art.

    Las autoridades deben, en principio, evitar emplear esas clasificaciones. Por esta razón, si una diferencia de trato se funda en una categoría potencialmente discriminatoria, tienen que concurrir claras razones que expliquen su empleo Existen pocas razones que justifiquen un trato diferente a las personas homosexuales basado en su orientación sexual y, en el caso que haya, estas deben demostrarse. Se habla, por eso, de una discriminación negativa y una discriminación positiva El trato diferenciado a personas homosexuales, basado en su orientación sexual, constituye una discriminación negativa, que para el ordenamiento jurídico colombiano, bajo ninguna circunstancia, resulta aceptable.

    La Corte ha establecido que el trato diferenciado basado en la orientación sexual de las personas constituye una categoría sospechosa Sin embargo, es importante aclarar al respecto que no siempre la Corte reconoció la orientación sexual como una categoría sospechosa. En un primer momento utilizó la categoría sospechosa de sexo como criterio para examinar el trato diferenciado a personas homosexuales Fue después, mediante la sentencia C de , que la Corte abrió el camino para considerar la orientación sexual como categoría sospechosa de trato diferenciado a personas homosexuales, al establecer que toda diferencia de trato fundada en la diversa orientación sexual era equivalente a una posible discriminación por razón de sexo.

    Respecto de los actos de discriminación basados en la categoría sospechosa de la orientación sexual, las normas inciso 2, art. La discriminación por razones de la orientación sexual implica una infracción a las normas penales, lo que conlleva una garantía efectiva de los preceptos constitucionales. Por eso, en el el Gobierno Nacional sancionó la Ley que modificó el Código Penal colombiano, y agregó, entre otros, los artículos A 43 y B De acuerdo con Carlos Bernal Pulido, la indeterminación del principio de igualdad en el texto constitucional implica la interpretación de la Corte Constitucional para determinar el contenido del artículo 13, siempre que deba enjuiciar la constitucionalidad de las leyes o de los actos administrativos y de particulares La Corte Constitucional ha establecido y aplicado diversos criterios para determinar el contenido del principio de igualdad frente a las leyes que son demandadas por inconstitucionalidad, o bien, frente a los actos administrativos o de los particulares, cuando se solicita el amparo constitucional de los derechos fundamentales.

    Estos criterios reciben el nombre de test y son tres. En el juicio integrado de proporcionalidad se intentan introducir los grados de intensidad del test de igualdad norteamericano en el test de índole europea -estructurado alrededor del principio de proporcionalidad- de manera que se aplica una escala diferente de intensidades dentro del principio de proporcionalidad 51 , permitiendo establecer no solo que el trato diferente es necesario e indispensable para alcanzar el fin propuesto, sino que es idóneo y adecuado, por tanto, no hay alternativa posible que represente mayor beneficio frente al sacrificio de derechos.

    La Corte Constitucional ha ido aplicando de manera progresiva los distintos esquemas de juicios de igualdad a lo largo del tiempo. La Corte ha enumerado los casos en que se hace exigible la aplicación del escrutinio de igualdad estricto para determinar la constitucionalidad de una disposición legal:. De otro lado, cuando el Congreso utiliza como elemento de diferenciación un criterio prohibido o sospechoso, como la raza, pues la Constitución y los tratados de derechos humanos excluyen el uso de esas categorías CP art.